La emergencia sanitaria que vive la Argentina a partir de la presencia del COVID-19 ha llevado a las autoridades nacionales y locales a tomar una serie medidas cuya difusión e implementación requieren inmediatez y confiabilidad.
En el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, la Provincia de Buenos Aires estableció, como principio, la suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 15 de abril de 2020, de forma prorrogable (conf. Dtos n° 167/2020, n° 180/2020 en concordancia con el Dto n°132/2020). Asimismo, estableció como excepción la vigencia de (1) todas las actuaciones administrativas relativas a la emergencia derivada del coronavirus COVID-19 y (2) aquellos procedimientos que dispongan las jurisdicciones, entidades y organismos del sector público provincial (es decir que estos procedimientos no están suspendidos).
El miércoles 19 de febrero, de 9 hs a 16 hs, desde CIDC y la Red Argentina de Cooperación Internacional te invitamos a participar del taller: Laboratorios de innovación social para organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones firmantes exhortamos al Senado de la Nación a aprobar en forma urgente la designación de las autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, para dar inicio a su funcionamiento institucional. El tema fue incluido en el presente ciclo de sesiones extraordinarias por el Sr. Presidente de la Nación.
El trabajo de Mariela Galeazzi , Gonzalo Permuy Vidal y Leandro Giannini en representación del CIDC “El derecho a la alimentación frente al estado de desnutrición” fue presentado en una publicación que compila 19 trabajos sobre experiencias respecto del rol del poder judicial en la materialización de los derechos sociales en los países de la región.
El problema de la falta de vacantes en el barrio Cuartel V de Moreno es un fenómeno que probablemente se reproduzca en otros barrios del Conurbano bonaerense, y que puede explicarse por diversos factores. En general, se observa un crecimiento abrupto de la población acompañado de una insuficientemente respuesta estatal en el modo de reaccionar a esta realidad compleja. Para comprender mejor el modo en que se toman decisiones y asignan recursos en materia de infraestructura escolar en la Provincia de Buenos Aires, nos reunimos con funcionarios de la DGCyE y realizamos pedidos de información a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), al Ministerio de Economía (MECON) y a la Contaduría General (CG).
En los barrios de #CuartelV, partido de #Moreno, hay niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela. Las razones son varias, pero la falta de vacantes disponibles en escuelas cercanas es la principal. En el año 2017, El Arca, ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Clínica de Derechos Humanos de la UNLP iniciaron una acción judicial contra la #Provincia y el Municipio solicitando una solución para 555 chicos en edad de asistir a la primaria que, o bien no tenían una vacante escolar, o bien la tenían en escuelas muy alejadas y sin transporte público adecuado para trasladarse. Así fue como se comenzó a construir la Escuela N 84.
El 19/09/2019 ingresamos un pedido de acceso a la información pública a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) solicitando información sobre la cantidad de niños y niñas en lista de espera para ingresar a un establecimiento educativo, así como sobre la cantidad de niños y niñas en edad de asistir a los niveles inicial y primario pero que actualmente no asisten. Además, consultamos sobre los criterios y metodología que utiliza la DGCyE para conocer y determinar la cantidad de vacantes nuevas que serán necesarias cada año lectivo en cada región o distrito escolar, así como las necesidades de infraestructura escolar que surgen de cada distrito. El pedido tramita bajo el número de expediente 2019-32505625 y aún no fue respondido.
Nos alegra anunciar que Olivia Minatta va a sumarse a nuestro equipo, con apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Olivia es abogada egresada de la UNLP, y se especializa hace años en tema de derecho público. Trabajó en la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNLP, en el equipo de DESC de ACIJ, como consultora para el Center for Economic and Social Rights y fue Human Rights Fellow en Columbia.
En el marco de la “Convocatoria sobre experiencias en materia de exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA”, CIDC fue una de las 20 propuestas seleccionadas entre las enviadas por personas, clínicas jurídicas, y organización de toda la región. La propuesta del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (un organismo internacional creado por las instituciones del Sistema Interamericano) busca comprender de qué forma opera el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en países de América Latina.
