Nos alegra anunciar que Olivia Minatta va a sumarse a nuestro equipo, con apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Olivia es abogada egresada de la UNLP, y se especializa hace años en tema de derecho público. Trabajó en la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNLP, en el equipo de DESC de ACIJ, como consultora para el Center for Economic and Social Rights y fue Human Rights Fellow en Columbia.

En el marco de la “Convocatoria sobre experiencias en materia de exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA”, CIDC fue una de las 20 propuestas seleccionadas entre las enviadas por personas, clínicas jurídicas, y organización de toda la región. La propuesta del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (un organismo internacional creado por las instituciones del Sistema Interamericano) busca comprender de qué forma opera el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en países de América Latina.

Bajo la figura de “amigo del tribunal” y junto al Centro de Derechos Humanos de la American University Washington College of Law, CIDC aportó información sobre las características que debería tener la figura de la asistencia personal a la luz del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, organismo de seguimiento de la Convención. La acción judicial fue iniciada por la Asociación Azul con el patrocinio de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNLP y tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo No. 4 de La Plata.

La Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI) reúne a más de 150 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Argentina para promover el diálogo, intercambiar ideas, dar apoyo al sector, y articular acciones. El trabajo colectivo es la mejor manera de abordar los desafíos y problemas que existen a nivel local y global.

«En esta oportunidad se intentó actualizar ese reporte, pero eso no fue posible dado que la información presupuestaria que hoy está disponible es mucho menor que la que era accesible en ese momento. Este es un problema generalizado que no se da sólo respecto de los gastos de publicidad oficial, sino de todo el presupuesto, y que repercute seriamente en la posibilidad de hacer un monitoreo del gasto público.»

“(…) Las acciones colectivas son procesos judiciales que permiten defender los derechos de cientos, miles, inclusive millones de personas afectadas por un mismo hecho. Posibilitan la resolución de conflictos colectivos, donde se exige la protección de derechos que afectan a una gran cantidad de personas, o a una comunidad, como el derecho al ambiente, la salud, el hábitat, la educación, los derechos de consumo, sindicales, etc. y muchas veces, buscan también activar procesos de toma de decisión y contralor de omisiones del Estado. Por esta razón tienen algunas características especiales. (…)”

Más de 40 organizaciones de derechos humanos y de consumidores/as rechazamos el borrador de Anteproyecto y exigimos que se garantice la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de un proyecto que sea acorde a la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente.

Junto con casi 20 organizaciones, solicitamos al Ministro Germán Garavano y al Presidente del Consejo Consultivo del Programa Justicia 2020, Ricargo Gil Lavedra, una audiencia para discutir el Proyecto de…