El marco internacional de los derechos humanos requiere, en términos generales, que los Estados implementen y monitoreen sus políticas públicas con el objetivo de asegurar los derechos de todas las personas de manera equitativa. En el caso específico de la función judicial, las obligaciones convencionales y constitucionales en la materia exigen tanto incorporar una perspectiva de derechos humanos al proceso, como hacerlo en todos los aspectos institucionales en los que se proyecta la actuación judicial. Así, por ejemplo, para mejorar el abordaje judicial de las problemáticas de género, es tan importante analizar los problemas asociados con el diseño procesal del sistema, como también lo es adoptar medidas institucionales dirigidas a asegurar una perspectiva de género en la resolución de los conflictos o para avanzar hacia la paridad de género en los tribunales. Entre otras cosas, para ello hace falta partir de diagnósticos robustos que brinden información sobre los problemas institucionales de los poderes judiciales, así como también el modo en que los jueces y juezas resuelven los casos en los hechos.
Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires existen importantes deficiencias en la producción de información estadística sobre el funcionamiento de los tribunales. En general, no existe información sistemática y desagregada que releve datos detallados sobre los tipos de causas que ingresan cada año en los distintos juzgados, tribunales, instancias y/o fueros. En ese sentido, si bien hay información pública general sobre cantidades de causas ingresadas y/o resueltas según fuero e instancia y para algunos años, no es posible conocer aspectos como qué tipo de causas son las tratadas, qué vías procesales son las más utilizadas y por qué, los tiempos usuales que transcurren entre distintos momentos relevantes dentro del proceso1, los derechos en juego en cada caso, las características principales de los actores y demandados, de los patrocinantes y los criterios judiciales más usuales para resolver, entre otras cosas.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este tipo de información permitiría conocer, por ejemplo, quiénes son los grupos poblacionales más beneficiados por el sistema judicial (y si, por caso, los sectores más vulnerables acceden a la justicia, o si haría falta implementar otras políticas públicas además de los beneficios de gratuidad o de litigar sin gastos). Del mismo modo, permitiría conocer cuáles son las temáticas que los jueces y juezas priorizan en su calendario de resolución (cuestiones relacionadas con el empleo público, los sindicatos, la propiedad, los niños/as que viven en la calle, los consumidores, el ambiente, etc.), o bien cuáles son los problemas qué más frecuentemente se presentan y que inundan los juzgados en detrimento de un sistema eficiente y, por tanto, más accesible para todas las personas por igual.
En consecuencia, acceder a este tipo de información de manera consistente y frecuente permitiría partir desde una base mucho más sólida a la hora de discutir reformas institucionales o legales que regulen la actividad judicial en la Provincia, que deberían tener siempre un enfoque de derechos. Así, por ejemplo, podrían mantenerse discusiones mucho más informadas sobre la necesidad de repensar ciertos modos alternativos de resolver conflictos, regular aspectos como el sistema del precedente, reestructurar la organización interna del poder judicial o discutir sobre el modo en que se invierten en él los recursos disponibles. Por otra parte, producir esta información es central para el monitoreo del poder judicial, aspecto que resulta clave para su fortalecimiento institucional y su legitimidad frente a la ciudadanía.
En este marco, este documento busca contribuir en la generación de información empírica relevante para conocer más sobre la realidad de los tribunales de la Provincia de Buenos Aires, a fin de informar políticas judiciales. En particular, el informe busca analizar cómo la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata resuelve casos vinculados a cierto grupo de derechos humanos, en qué tiempos, quiénes son los sujetos más frecuentemente demandados, entre otros aspectos.