Desde CIDC estamos convencidos de que las instituciones públicas transparentes, robustas y confiables son esenciales para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos constitucionales. Las instituciones débiles y corruptas obstaculizan la participación democrática, y así generan condiciones que facilitan las violaciones de derechos y dificultan su remediación.

Dentro del amplio espectro de temas relacionados con estas problemáticas, el área de Calidad institucional y lucha contra la corrupción se enfoca prioritariamente en cuestiones de acceso a la información pública, funcionamiento de los organismos provinciales de control, apertura del Poder Judicial y contrataciones públicas, entre otras.

Creemos que la Provincia de Buenos Aires tiene enormes deudas en todas estas materias, y nuestro trabajo busca abrir debates serios e inclusivos respecto de estos problemas. Por ejemplo, desde CIDC buscamos dar visibilidad al sistema de organismos de control provincial, que por su complejidad y la cantidad de entidades que involucra presenta dificultades para asegurar la transparencia y la participación ciudadana; también fomentamos que el acceso a la información pública a nivel local sea acorde con los estándares constitucionales e internacionales vigentes

En la Provincia de Buenos Aires existe una variedad de problemas ambientales estructurales y urgentes, que incluyen la deforestación, la contaminación severa del agua, el suelo y el aire, la grave afectación de la zona costera, la falta de control de las industrias contaminantes, y la destrucción de los bosques y humedales. Muchos de estos problemas derivan en vulneraciones de otros derechos conexos, como el derecho a la salud y la vivienda digna, y evidencian debilidades institucionales muy serias de los organismos públicos involucrados.

Para afrontar estas problemáticas, en CIDC creemos que es clave que la ciudadanía cuente con mecanismos que permitan una activa participación a partir de una adecuada información ambiental. Buscamos promover políticas públicas responsables que conserven, recuperen y mejoren el ambiente, y prevengan y recompongan efectivamente los daños ambientales. Usamos diferentes estrategias para promover esos objetivos.

Además, creemos que no solo los Estados, sino también las empresas que realizan actividades con un impacto ambiental negativo deben responsabilizarse por sus acciones y cumplir con su deber de respetar los derechos humanos.

Ciertos derechos fundamentales pertenecen a todas las personas solo por el hecho de serlo e independientemente de su sexo, raza, religión, condición socioeconómica, discapacidad, nacionalidad, etc. La libertad de conciencia y opinión, el derecho a una alimentación adecuada, la educación, la salud y la vivienda digna son solo algunos ejemplos de esos derechos.

Sin embargo, la pobreza y la discriminación son las principales causas de que el acceso a estos derechos fundamentales sea marcadamente desigual. Esta desigualdad no solo vulnera la dignidad de quienes se ven privados de ellos, sino que tiene un impacto negativo en el propio tejido social y, en general, en el funcionamiento del sistema democrático.

El Estado está obligado por la Constitución y también internacionalmente implementar acciones concretas para lograr que todas las personas puedan acceder a los derechos fundamentales y a asignar recursos públicos para ello. Desde CIDC, trabajamos para denunciar las situaciones de desigualdad como asimismo para promover la eliminación de las barreras que impiden el acceso a los derechos para todas las personas, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad, sea por su condición socioeconómica o por pertenecer a un colectivo históricamente postergado

La problemática del acceso a la justicia se concentra en la remoción de los obstáculos materiales que las personas en general y, en particular, aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, experimentan a la hora de promover y transitar mecanismos de tutela efectiva de sus derechos vulnerados.

Por motivos sociales, políticos y económicos, la sociedad moderna experimenta marcadas inequidades que debilitan el acceso a instrumentos ágiles, sencillos, transparentes y eficaces para remediar lesiones jurídicas. La preocupación por encontrar mecanismos para compensar los problemas derivados del desconocimiento de los derechos y garantías, de la falta de medios económicos para transitar el proceso contando con un asesoramiento adecuado y, en general, de la posición de desventaja estructural que atraviesan ciertos sectores de la comunidad, han sido detectadas y puestas de resalto en la mayoría de las constituciones modernas, en documentos y tratados internacionales, así como reconocidas por tribunales superiores e inferiores, tanto en Argentina como en otros países.

La dilación y los costos del servicio de justicia, la ineficiencia, opacidad y falta de calidad del debate, la ausencia de mecanismos idóneos para remediar lesiones colectivas, la falta de instrumentos adecuados para hacer efectivos los mandatos judiciales una vez finalizada la discusión, entre otros inconvenientes que atraviesa el sistema judicial, potencian dichas desigualdades y fuerzan a encontrar soluciones estructurales en esta materia. En CIDC buscamos evidenciar estas deficiencias, y promover políticas públicas que las superen.