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CIDC participó en el encuentro regional de la Alianza por el Gobierno Abierto

La Alianza por el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), es una iniciativa global multilateral que reúne a gobiernos y a organizaciones de la sociedad civil. En su marco, los gobiernos realizan compromisos co-creados para promover la transparencia, luchar contra la corrupción e impulsar la participación ciudadana, sujetos a la supervisión de un órgano de la propia Alianza.

El Encuentro Regional de la Alianza para las Américas en 2017 se llevó a cabo en Buenos Aires. Tuvo lugar los días 21 y 22 de noviembre, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, con más de 2000 participantes. Desde CIDC participamos en dos de las sesiones.

Discutimos sobre los desafíos del acceso a la información pública en la Provincia de Buenos Aires. La ley de acceso a la información de la Provincia contiene regulaciones restrictivas, que ya no responden a los estándares constitucionales vigentes en la materia. Presentamos algunos casos judiciales que lograron mejorar parcialmente estas regulaciones, incluido un caso pendiente ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el que se está discutiendo la constitucionalidad de dicha ley.

Debatimos también sobre los riesgos y las oportunidades del uso de las redes sociales para dar publicidad a los actos de gobierno. Cada vez es más frecuente que los agentes públicos usen plataformas como Twitter o Facebook para hacer anuncios, abrir canales de diálogo, invitar a la participación ciudadana, y coordinar esfuerzos diversos, como sus respuestas a desastres naturales. Entonces, buena parte de los debates públicos y de la publicidad de los actos de gobierno depende de las prácticas y políticas de las empresas privadas dueñas de aquellas redes. Presentamos algunos interrogantes que se generan en este escenario (¿Qué impacto tiene el uso de las redes sociales sobre la calidad y la confiabilidad de la información pública? ¿Hace dicho uso a la información más accesible para algunos sectores en particular? ¿Cómo controlar el potencial abuso de discrecionalidad gubernamental para, por ejemplo, bloquear a usuarios “disidentes” sin justificación alguna?), y cómo los principios de derechos humanos pueden ayudar a resolverlos.